La incapacidad de monitorear las campañas políticas en medios digitales conlleva al riesgo de que las redes se conviertan en un polvorín más que en un espacio para el dialogo.

Fiscalización de recursos
El problema principal es como fiscaliza los recursos que se entregan a los partidos; existen una serie de leyes que permiten, en teoría, garantizar la repartición equitativa de los tiempos del Estado en televisión, radio y prensa. Sin embargo, no existe un principio similar para medios digitales.
Seguir los montos invertidos por partidos en plataformas digitales sería muy complicado. Sin embargo, lo que podría ser mucho más efectivo sería fiscalizar las plataformas y hacer seguimientos de las campañas de partidos políticos de una manera muy puntual.

Veda electoral
Uno de los puntos más complicados en las campañas políticas es la veda electoral. Hacer que las instituciones y partidos guarden silencio los días previos a la elección es relativamente fácil. Sin embargo, hacer que los ciudadanos callen sería una evidente falta contra la libertad de expresión.
Cuando un usuario o un líder digital expresa su opinión en las redes sociales está ejerciendo su derecho a expresar sus ideas y convicciones políticas. Sin embargo, cuando lo hace bajo demanda de una institución política a cambio de alguna remuneración, entonces es probable que cometa un delito.
Si bien las autoridades no han encontrado una manera efectiva de conceptualizar dichas acciones ni de cómo controlarlas, los usuarios de las redes sociales las han reprobado e incluso han castigado con votos.

Campañas negras
Aunado a esto, las campañas negras y el uso de bots han convertido a las redes sociales en un campo de batalla más que en un espacio de discusión, donde al parecer gana quien tiene los mejores ingenieros y no el mejor discurso.
Las supuestas agencias de contención de crisis, que en realidad rentan cuentas falsas de redes sociales operadas por personas para evitar ser denunciadas como bots, son uno de los grandes vacíos legales en las elecciones. Si bien no hay leyes que eviten o sancionen estos comportamientos, su uso cae en los límites de la ética y las buenas prácticas de las redes sociales.

Para legislar sobre el uso de redes sociales en materia electoral debe hacerse un profundo análisis a fin de marcar la diferencia entre lo público y lo privado de los usuarios de las plataformas digitales, evitando coartar la libertad de expresión y privilegiando el diálogo entre instituciones políticas y personas. Eso, o las redes se volverán un polvorín más que espacio para el diálogo.

Fuente: Forbes