Existen proyectos de ley que generan más polémica que otros. Proyectos que, durante meses, son capaces de apropiarse casi totalmente de la agenda de los medios y monopolizar las noticias y el debate en los programas de opinión. ¿Pero se condicen la atención mediática y de la clase dirigente hacia estos temas con el interés que el público tiene por ellos? Para analizarlo, proponemos echar un vistazo a la forma en la que los internatutas se comportaron en relación a algunas de las leyes más resonantes en tres de los principales países de la región, ya sea conversando sobre ellos en las redes sociales, o realizando búsquedas en Google.

Argentina

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida popularmente como la Ley de Medios es una de las leyes que más polémica generó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Presentada por la presidenta en marzo del 2009, esta Ley nació del seno del Frente para la Victoria, el partido oficialista, con el objetivo de aumentar la pluralidad entre los medios audiovisuales en Argentina, y para limitar posibles monopolios dentro de algunas regiones del país donde pocos grupos empresarios dominaban el negocio. Redactada a la par de académicos, esta ley además planteaba una distribución diferente de las licencias, otorgándole un 66% de las mismas al Estado y a organizaciones sociales como sindicatos y ONGs.

Los críticos, por su lado, sugerían que esta ley estaba redactada a medida para perjudicar al Grupo Clarín, el mayor grupo mediático del país, el cual no se había alineado al discurso del Gobierno durante el conflicto que éste había mantenido con los productores rurales pocos meses antes, por lo que buscaba castigar a esta empresa.

Tras un mes de discusión acalorada en distintos foros y, especialmente en los canales de noticias, el Congreso Nacional aprobó la norma el 6 de septiembre de 2009 y la presidenta la promulgó el 10 de octubre de ese mismo año. Esto provocó que, ante la necesidad de adecuarse al límite de licencias planteadas por la nueva ley, se le solicitara a distintas empresas mediáticas, que presentaran un plan de desinversión. Ante este panorama, el Grupo Clarín presentó un recurso de amparo calificando a este pedido de inconstitucional y logró que se aprobara una medida cautelar a su favor hasta tanto un tribunal fallara en torno a esta presentación. Tras varias idas y vueltas en las distinas instancias judiciales, la Corte Suprema finalmente declaró la constitucionalidad de la Ley el 20 octubre de 2013.

A nivel mediático, la Ley de Medios tuvo una enorme cobertura tanto en el momento de su tratamiento como cada vez que el Grupo Clarín o el Gobierno superaban una nueva instancia en los tribunales, para llegar a su pico máximo de 98.621 menciones durante la última semana de octubre cuando la Corte Suprema declaró su total constitucionalidad y vigencia, obligando a Clarín a presentar un plan de adecuación.

El hecho de que la batalla judicial generara un número de conversaciones altamente superior a la discusión previa y la aprobación de la ley en 2009 se encuentra más relacionado con el grado de adopción que logró Twitter en los últimos dos años, y no en que el interés de la población haya subido en torno al tema en los últimos años. Hacia 2009, el uso de la red social en Argentina era marginal, con lo que no debe sorprender la escasa cantidad de conversaciones generadas en torno al debate.

Si revisamos el volumen de búsquedas generado en Google – una herramienta tan popular en 2009 como hoy – con respecto al tema, puede observarse claramente la diferencia entre el interés generado por el mismo durante su debate inicial, y los últimos días de la batalla judicial.

De cualquier forma, es posible concluir que los argentinos participaron activamente del debate acerca de la ley, y se interesaron por el tema. Si Twitter hubiese gozado de la popularidad con la que cuenta hoy en 2009, la ley habría alcanzado un volumen de menciones por lo menos tres veces más alto que el que generó durante las últimas resoluciones de la justicia.

Venezuela

La Ley Habilitante es un polémico proyecto de ley presentado por el gobierno de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional en octubre de este año. Esta legislación le permite al presidente firmar decretos con rango, valor y fuerza de ley durante un año en áreas como la economía y la lucha contra la corrupción, sin la necesidad de pasar por el parlamento.

Altamente resistida por la oposición y por sectores del empresariado, esta ley le otorga a Maduro las capacidades que necesita para llevar adelante lo que él llama la “Guerra Económica”, un paquete de medidas contra los “sectores burgueses” que buscan desestabilizar a Venezuela. Entre otras medidas, posibles gracias a la Habilitante, el presidente mandó a crear un registro de pequeños comerciantes, intervino cadenas de venta de electrodomésticos para bajar sus precios y estableció porcentajes máximos de rentabilidad en la venta de productos.

En los meses que duró la polémica por esta ley, hasta que finalmente consiguió ser aprobada por tres quintos del total de la cámara en la Asamblea Nacional, se generó un amplio debate en los medios y en las redes sociales, donde fue varias veces Trending Topic, generalmente a través de hashtags propuestos  por Maduro, o por la Unidad, la alianza de partidos opositores encabezadas por Henrique Capriles, el cual propuso un referendo popular para determinar si esta ley debía ser aprobada. Esto finalmente no sucedió ya que, aunque no estuvo claro desde el principio si lo lograría, el oficialismo consiguió los 99 votos necesarios para aprobar la norma.

La Habilitante estuvo presente en un enorme volumen de conversaciones en Twitter, generando casi 200.000 menciones en la semana en la que finalmente fue aprobada. Este tema mantuvo una gran vigencia entre los internautas y sus ramificaciones seguramente mantendrán a  las personas conversando a partir de las nuevas medidas dictadas por el presidente.

En Google, esta Ley tuvo un altísimo volumen de búsquedas, que casi iguala al de la Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional en 2007 para otorgarle superpoderes a Hugo Chávez por 18 meses. Esa ley, la tercera de este tipo desde que el caudillo había asumido su presidencia en 1999, produjo una polémica tan encendida como la de este año.

México

La Reforma en Telecomunicaciones es uno de los ejes principales sobre los que el flamante presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a trabajar durante el Pacto por México, un acuerdo firmado por los principales partidos políticos el 2 de diciembre de 2013 – un día después de la toma de poder del nuevo mandatario – en el que se establecieron una serie de ejes fundamentales en materia de justicia, seguridad, derechos individuales, transparencia democrática y economía. Es por eso que, a diferencia de lo ocurrido con la Ley de Medios argentina, o la Habilitante en Venezuela, la Ley de Telecomunicaciones mexicana no produjo rupturas ni grandes polémicas y fue aprobada con relativa facilidad en ambas cámaras del Parlamento.

Esta Ley plantea la mejora en la infraestructura a nivel nacional, con el objetivo de llevar la banda ancha a más mexicanos; la creación de dos órganos federales independientes de control y regulación de la actividad y la creación de dos nuevas cadenas de televisión abierta, entre otras. Este último punto resulta problemático para Televisa, la mayor cadena hispanoparlante de televisión a nivel mundial, la cual concentra el 68% del mercado en México, y para su única competidora a nivel nacional TV Azteca. Otro potencial afectado por la ley es el empresario Carlos Slim, cuyas empresas Telmex y Telcel controlan el 87% del mercado de telecomunicaciones, ya que hasta esta reforma, éstas no eran reguladas por ningún ente federal. Por otra parte, a partir de la misma, se abren las puertas a la competencia, ya que además de favorecer esta práctica, la ley permite el ingreso de inversiones extranjeras.

Es quizás por el gran nivel de acuerdo con el que contaba la norma que ésta no despertó un alto grado de polémica en Twitter donde la discusión previa a su aprobación fue escasa, y cuyo pico de menciones alcanzó apenas las 40.000, un número relativamente bajo para México, donde más del 13% de los habitantes mayores de 18 años tienen una cuenta en esta red social.

Un panorama similar se vivió en torno al volumen de búsquedas del tema en Google, donde la aprobación de la norma generó un pico de actividad que luego fue lentamente decayendo, aunque sin llegar a los niveles previos al planteo de esta norma, cuando las búsquedas ocurrían de manera esporádica.

Las redes sociales permiten observar con gran fidelidad el interés de las distintas sociedades por algunos de los proyectos de ley más significativos presentados por su clase dirigente. Sin embargo, es notable la diferencia en la forma en la que las personas conversan cuando se trata de un proyecto consensuado y en el que existe un relativo grado de acuerdo, y cuando, en cambio, se trata de una norma polémica impulsada por un partido y resistida por otros. Este último escenario dispara un mayor grado de interés y de menciones, impulsadas por discusiones y opiniones en un sentido y en el otro. Es por eso que Twitter, además de reflejar el grado de compromiso de una sociedad con una ley, permite visualizar muy claramente el nivel de acuerdo existente en torno a la misma.

Foto: Reuters